Introducción

La exclusión financiera de las personas es una realidad derivada de una serie de impedimentos con los que se encuentran al momento de acceder a los servicios que otorga la banca (Mendizabal Zubeldia, 2008). Adquiere importancia adherirse a estas prestaciones debido al entorno en el que las relaciones sociales se han financiarizado[1] es decir, cada vez existe más influencia y obligaciones de tipo tributario, nómina, créditos, remesas, entre otros, para recurrir a los servicios financieros en la vida cotidiana.

Teniendo en cuenta esta realidad, en este ensayo, describiremos el problema de la exclusión financiera y su pauta a raíz de las diferentes crisis financieras de 1994-95 (efecto tequila), que agravó este portento.  Sin embargo, alcanzaría los mayores niveles de exclusión a raíz de la crisis de 2008. Lo que dio origen a una transición del fenómeno, hacia los años de 2012, a una economía de inclusión financiera, cuando el gobierno mexicano puso en marcha una política pública de las finanzas populares, para incluir dentro de los servicios financieros a un sector de la población que comprendía: a las personas de bajos ingresos, que no contaban con un empleo formal, personas con baja disponibilidad de recursos que no alcanzaban a cubrir los requisitos solicitados para acceder a la banca comercial.

El problema en torno a la institucionalización de servicios financieros destinados al sector popular radica en que: por un lado, tenemos el discurso político que argumenta que a través de la inclusión financiera se contribuye al abatimiento de la pobreza y desigualdad y por otra parte tenemos lo comercial que tiene que ver con una estrategia o arquitectura de negocios, orientado hacia la inclusión de este sector marginado de la población a través de estas entidades del sector financiero que ofrecen productos accesibles para  apoyarlos, con planes de pago asequibles.  Cuando la realidad es que estas entidades financieras, están manejando tasas de interés altísimas, haciendo evidente que en la práctica no se comportan como instrumentos sociales. 

Aunado a que estas entidades, se encuentran sometidas a una regulación excesiva, que les exige tener una gobernanza controlada por un comité técnico, quien va a terminar tomando las decisiones de la cooperativa para la expansión y supervivencia de estas, por tanto, no son una entidad colectiva en la práctica ejecutiva.  Asimismo, tienen que cumplir con muchos requisitos en su tránsito hacia su autorización haciendo casi inaccesible su permanencia a largo plazo.

Exclusión de los servicios financieros en las décadas de los noventa a dos mil diez.

Iniciaremos definiendo a la exclusión financiera, donde observamos respecto a su conceptualización ausencia de un término aceptado para explicar esta realidad, algunos autores le dan el siguiente significado:   En palabras de Servet (2001) “una persona se encuentra en situación de exclusión financiera cuando sufre un grado de discapacidad tal que no puede vivir normalmente en la sociedad de que es parte, debido a las dificultades que encuentra para acceder   a la utilización de ciertos medios de abono o pago, a ciertas formas de préstamo y financiamiento…”

Exclusión para Dussel, es “…la condición de estar afuera o en el exterior del sistema…”, donde la categoría de exterioridad es afirmada de tres maneras:  como anterioridad  histórica  (lo que por disolución originó el sistema capitalista); en la condición de estar afuera debido a su propia naturaleza  metafísica (u otra antes del intercambio capital-trabajo); y en la condición post festum (como el trabajador pauper o desempleado) (Dussel, 1992).

Por su parte el Banco Mundial (2005) señala que la exclusión financiera esta condicionada a la relación existente entre el cliente y la entidad bancaria; dicha relación es determinante y se puede dar en diferentes niveles: exclusión financiera total, donde el individuo no tiene ninguna relación con las entidades financieras; exclusión financiera en productos financieros básicos, exclusión de crédito y exclusión financiera en productos financieros más sofisticados.

El mismo Banco Mundial, refiere la ausencia de medidas estandarizadas y falta de acceso a la información, para medir la exclusión financiera y cuantificar el problema a nivel mundial e identifica a los segmentos de la población que tienen mayores probabilidades para estar en esta situación.  La posibilidad de ser excluido aumenta para los estratos de baja renta, mujeres, trabajadores a tiempo parcial, desempleados y dentro de ellos los que presentan un nivel de minusvalía, pensionistas, estudiantes, entre otros.

Para los fines de este ensayo, el desempleo y el bajo nivel de ingresos de los mexicanos, se consideran como algunos factores determinantes, que impiden a las personas acceder a los servicios que otorga la banca, que les permita utilizarlos para el desarrollo de su vida cotidiana. Partiendo de esta objetividad, se abordará el problema de la exclusión financiera, a partir de las diferentes crisis financieras de 1994-1995 y la de 2008 principalmente.

En México, se observan dos momentos que influyeron drásticamente en el aumento de desempleo y disminución del nivel de vida de los mexicanos a partir de la década de los noventa,  dos mil y dos mil diez; y, que tienen que ver con problemas de índole financiero, se hace referencia a dos crisis: la primera de carácter local y conocida a nivel global como la “crisis del tequila” o “error de diciembre”, transcurrida entre los años de 1994-1995; y la segunda crisis de índole financiero internacional, en el año de 2008, que tuvo su origen de EE. UU. y se extendió después afectando no sólo a toda la economía de ese país, sino también a las de otras naciones, de manera principal a miembros de la Unión Europea, en Latinoamérica y desde luego en México dada la cercanía y relaciones comerciales con este país del norte de América.

Entonces, derivado de estas crisis económicas existe un antes y un después en relación con el desempleo y reducción del poder adquisitivo de los mexicanos, factores determinantes en la exclusión de los servicios financieros. El antes, es un recrudecimiento de la pobreza y desigualdad consecuencia de las crisis que a continuación se describen y que repercutió en la exclusión financiera de personas que no podían acceder a servicios financieros; el después, una política pública de inclusión financiera del sector popular que se encuentra vigente y que no necesariamente a contribuido al abatimiento de la pobreza y desigualdad a pesar de la inclusión financiera de este sector de la población, según se verá en el desarrollo del presente ensayo.

En este orden de ideas, tenemos que durante la crisis de 1994-1995, se sumaron a las filas del desempleo un millón 78,124 personas a lo largo de los 10 meses en los que se llegó al fondo de la crisis (de noviembre de 1994 a septiembre de 1995), lo que representó la destrucción de 10.5% del empleo formal que había entonces, que era de 10 millones 301,252 plazas registradas en noviembre de 1994 (Pilar, 2020).

Esta crisis de 1994-1995 en México, afectó gravemente al sector financiero, que no contaba con las reservas internacionales necesarias para hacerle frente, por lo que fue inevitable que el peso mexicano se devaluara frente al incremento del dólar casi en un 300%, desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, interés muy alto y crisis en la actividad comercial (recesión).  Sin embargo, esto no fue un hecho aislado, desatado por los acontecimientos políticos y económicos por los que atravesaba la nación mexicana (cambio de administración Salinas- Zedillo, movimiento zapatista, entre otros); los factores que produjeron esta serie de inconvenientes fue la acumulación de la conjunción de cuatro crisis contemporáneas: 1) Crisis de balanza de pagos; 2) crisis de finanzas públicas; 3) crisis bancaria; y 4) crisis política (Casillas, 2022).

En ese mismo año (1994), el gobierno mexicano buscó una salida financiera con crecimiento económico sostenible[2]; acciones, que no necesariamente se enfocaron en contrarrestar el desempleo y en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, enfocándose en políticas monetarias para fortalecer a la nación mexicana en el sector financiero a nivel global[3] .

Para la crisis financiera de 2008, el desempleo para los mexicanos creció dos millones de personas; miles de negocios quebraron y otras muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos, y por lo tanto a recortar empleos. La economía se contrajo 6.2%, se perdió 20% del poder de compra de la gente, los precios de los productos y los servicios se dispararon provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos; originando una severa recesión, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 1012).

Transición institucional entre el período que comprende de la década de los noventa y el año 2012, en el que se implementa la política de inclusión financiera hacia sectores populares.

El proceso de institucionalización para poner en práctica la política de inclusión financiera, que ha venido implementando el gobierno mexicano en el transcurso de las últimas décadas, ha venido acompañada de la creación de instituciones destinadas primeramente a fortalecer al sistema financiero mexicano, para demostrar fortaleza económica, frente a otras economías de otros países y ante el FMI. Con esto la política económica de México, busca ser competitiva y en relación a la inclusión financiera, cabe mencionar que éste fenómeno de exclusión no fue solo de México, fue a nivel global, donde se observa que dentro del mismo espacio de tiempo surgió una corriente de inclusión financiera y de carácter social impuesta por el FMI y Banco Mundial, que actualmente forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas; y donde además se percibe que se encuentra enfocada a cumplir con mecanismos de estandarización de acciones (Mundial, 2010).

Así tenemos que como respuesta a la problemática se formularon políticas públicas en diversos países que impulsaran iniciativas de inclusión financiera y reducción de la pobreza. (Zamudio, Sauceda, Ramos, 2022).  En el caso de México, en 2016 se implementó la Política Nacional de Inclusión Financiera y en 2017 la Estrategia Nacional de Educación Financiera, con su actualización en 2020 y actualmente el gobierno la acoge bajo el título de Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024. (OCDE, 2020).

Esta política de Inclusión financiera implementada en México, abarca metodologías de corte neoliberal, con prácticas de mercados financieros, cuyo objetivo, es la inclusión de los servicios financieros al mayor número de población, bajo la premisa de que esta población, alcanzará mejor calidad de vida al acceder a estos servicios.  Esta aseveración encuentra sustento en lo publicado por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera de 2013 de la CNBV, que señala: “…la inclusión financiera, debe procurarse a toda la población en general, sin importar su condición socioeconómica, tienen derecho a contar con acceso a los servicios financieros, bajo un sentido de equidad y justicia social…” (financiera, 2018). Sin que necesariamente esta premisa pueda ser cierta, pues es cuestionable que, a partir de las prácticas de mercado financiero, se puedan alcanzar objetivos de corte social, que tienen que ver con el acceso a una vida digna y con elementos que aporten bienestar a las personas.

Esta inclusión se hace a través de la institucionalización[4], que según Lima, “…es el proceso a través del cual las organizaciones desarrollan un tipo de estructuras en las que se caracterizan, de forma distintiva, algunos patrones de integración socialmente ordenados y estables” (Selznick, 1996). La institucionalización también es definida como: “el proceso mediante el cual las instituciones se construyen, con el fin de alcanzar un estado o propiedad deseada” (Lima, 2014).

En este orden de ideas, México para la  instrumentación e implementación de la política financiera monetaria del país, la puso a cargo del Banco de México, Institución que hacia el año de 1994, fue dotada de autonomía, mediante el artículo 28 constitucional y en la ley reglamentaria respectiva, con el objetivo prioritario de que a través de esta Institución se procurara la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio.

También el BANXICO, es el encargado de establecer las tasas de interés por lo que instrumenta la política monetaria a través de una tasa objetivo para las operaciones de fondeo bancario a plazo de un día, entre otras actividades de control para el mercado financiero mexicano.

Por otra parte, el órgano encargado de visibilizar la inclusión financiera es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que define a la Inclusión Financiera como “… el acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población” (CONEVAL, 2019)

En esta definición observamos dos elementos fundamentalmente, la oferta y la demanda.  En la oferta, se considera el acceso al servicio financiero (oferta) y en la demanda, consideramos el uso efectivo de éstos por parte de los individuos (usuarios). Otros elementos que se consideran, en dicha definición, es la protección al consumidor y la educación financiera.

Por otra parte, es el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), creado en 2011 e incorporado en 2014 a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;  el organismo de consulta, asesoría y coordinación entre las autoridades financieras del país que tiene como objetivo, formular, poner en marcha y dar seguimiento a la Política Nacional de Inclusión Financiera, a través del Reporte de Inclusión Financiera, que año con año  elabora, mismo que se avalúa mediante una serie de indicadores que visibilizan el nivel de inclusión financiera, bajo los parámetros de número de contratos de crédito otorgados por cada 10 mil adultos. Los Indicadores objetivo de la Política Nacional de Inclusión Financiera son: 1) Acceso y uso de servicios financieros; 2). Ecosistema de pagos; 3). Infraestructura para servicios financieros; 4) Porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso; 5) Protección financiera; y 6). Personas en situación de vulnerabilidad (CONAIF, 2023).

Otra forma que se utiliza para medir la inclusión financiera es mediante la consulta del Libro Blanco de Inclusión Financiera emitido por la CNBV (2012) para el periodo 2007-2012, cuyos parámetros de medición de la inclusión financiera se basan en cuatro pilares: 1) Acceso (penetración geográfica); 2) Uso (disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y eficiencia; 3) Protección al consumidor, y 4) Educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población (CNBV, 2023).

Marco legal e instituciones en torno a las finanzas populares.

Con relación al contexto jurídico e institucional, siguiendo esta línea entre la década de los noventa, dos mil, dos mil diez, en adelante, el cambio (transición) entre la población excluida del sector financiero y su inclusión a los servicios bancarios en el orden jurídico, se observa de la siguiente manera:

En la década de los noventa, existía ausencia de reglamentación a pesar de que el movimiento cooperativista inicio en México desde 1951, dando lugar a la generación de muchas cajas de ahorro, basadas en la confianza y es hasta 1986, cuando se encuentra que en Querétaro, se reguló por primera  vez a las cajas populares  a través de la Ley de  Sociedades de Solidaridad Económica  y posteriormente en 1987, en la Ciudad de Zacatecas surgió la Ley de Cajas populares,  a efecto  de poder  contar  con personalidad jurídica, no obstante  que  la Constitución  de los Estados Unidos Mexicanos menciona que toda  actividad financiera es privativa del  ámbito  federal.

Es en el año de 1991, cuando se promulga la Ley General de Organizaciones y actividades Auxiliares de Crédito, dando origen a las sociedades de Ahorro y préstamo como intermediarias financieras  y reguladoras, cuya gran facultad, fue la de otorgar  créditos a sus miembros  (Lara Gomez, 2004).

En 1994, se inició un proceso de fusión, por las que el número de instituciones se redujo, pero consolidó instituciones nacionales para que encuentren mejores oportunidades de crecimiento. Posteriormente, la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, han configurado las reglas del juego para estas instituciones.

Es a partir de la década de los dos mil (2001), cuando se publicó la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), con lo que inició el proceso de regularización del sector de ahorro y crédito popular, para aquellas sociedades o asociaciones que captaran recursos exclusivamente de sus socios o asociados.

En la actualidad, el sector de ahorro y crédito popular y social en México está conformado por instituciones reconocidas para estos fines, tenemos a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), a las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS), a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (SOCAP) y por último tenemos a las Sociedades Anónimas financieras, enfocadas voluntariamente al sector popular, entre las que podemos reconocer a Instituciones como Electra, Coopel, Banco Azteca, Compartamos, entre otras.

Con relación a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), la definición de la CNBV es: “… las Sociedades integradas del sector social que tienen por objeto promover y facilitar la captación de recursos monetarios, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general” (Ley de Ahorro y Crédito Popular, 2021). 

A las (SOFINCOS), que al igual la CNBV, las define como: “Las sociedades Financieras Comunitarias, tienen por objeto apoyar al desarrollo de actividades productivas del sector rural, a favor de personas que residan en zonas rurales” (Ley de Ahorro y Crédito Popular, 2021).

Tenemos a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (SOCAP) que se definen como: “Las Sociedades integradas del sector social sin ánimo especulativo y sin fines de lucro, tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus Socios” (Ley General de Sociedades Cooperativas y Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo).

Y por último tenemos a las Sociedades Anónimas financieras, enfocadas voluntariamente al sector popular, entre las que podemos reconocer a Instituciones como Electra, Coopel, Banco Azteca, Compartamos, entre otras. Estas últimas son sociedades anónimas enfocadas a las finanzas populares, que mantienen las mismas prácticas del mercado financiero, que reproduce las posibilidades de riesgo empleadas no solo en los gobiernos, ni en las grandes empresas y las personas con empleos formales, sino ahora también suben a este mercado, a los excluidos, con el fin de perseguir más ganancias, abriendo sus servicios a donde antes no existían, lo hacen con altas tasas de intereses, donde empresas como Electra, Coppel, Banco Azteca, se expandieron a lugares donde los servicios y la oportunidad de acceder a un crédito eran casi nulas y que ahora, enfrentan una cartera de recuperación prácticamente de insolvencia, pero su ganancia está en las altas tasas de interés que cobran y en recuperar los bienes adquiridos para después revenderlos.

En relación con las SOFINCOS, SOFIPOS y SOCAP, su regulación y los órganos de supervisión (CNBV), les permiten poco margen de acción, para reproducir prácticas sociales y solidarias y comportarse como verdaderos colectivos; su normatividad los incluye dentro de la misma dinámica que la banca tradicional y por lo tanto, también reproducen prácticas de mercado, tasas de interés altísimas, cooperativas que son gobernadas por pequeños grupos de expertos (comité técnico), donde legalmente la ley que las reglamenta pone como requisito la experiencia y conocimiento en finanzas dentro de la gobernanza de estas cooperativas, comité técnico que finalmente toma las decisiones de índole financiero al interior de las sociedades de ahorro y préstamo para su extensión y supervivencia.  De estas decisiones no forman parte los socios cooperativistas y por lo tanto las decisiones ya no son colectivas, ni solidarias.  Los técnicos llevan el control de la entidad.

Por lo tanto, si se quiere ser una entidad cooperativa financiera, se requiere un sometimiento a la regulación, la cual les exige tener una gobernanza basada en un comité técnico, quien va a terminar tomando las decisiones de la cooperativa, por tanto, dejan de ser una entidad colectiva en la práctica ejecutiva, prácticamente es una delegación en los técnicos la toma de decisiones, por lo tanto el cooperativista, puede decidir el color, el logotipo, su emblema, entre otras minucias; pero las decisiones técnicas financieras las tomará el comité por regla y entonces ahí se tiene un problema, porque las entidades que están atendiendo a los excluidos en figuras que se presumen como sociales, en la práctica no lo son.

La mayoría de estas entidades que se encuentran formalizadas dentro de la Ley y reconocidas como instituciones que ofrecen servicios financieros accesibles al sector popular o población antes excluida y que al ser integrados financieramente -inclusive con instituciones creadas exprofeso para cubrir a este sector- no ponen fin o aminoran el problema social en sí.  Porque el problema en sí no es su inclusión al sector financiero; sino la forma o el cómo los están incluyendo, desde una perspectiva neoliberal, es decir, les dan acceso a servicios y productos financieros, sin una adecuada educación financiera, con tasas de interés elevadas, que los obligan a caer en morosidad -lo que encarece aún más el costo de financiamiento- o impago, y con esto no se está resolviendo el problema social de mejorar su calidad de vida, por el contrario, estas  personas excluidas financieramente que lo son también en otros ámbitos -por el estado de marginación en que se encuentran-, de naturaleza económica, cultural y social; aquellos que tienen pocas o nulas posibilidades de acceder a servicios de salud, educación, vivienda y que al ser incluidos en el mundo financiero con prácticas de mercado, los condenamos a seguir en ese estado de marginación, pero ahora  endeudados.

Conclusiones

Las finanzas en México, de unos años para acá, se han extendido a sectores excluidos, el problema es que se acercan a esta población con productos financieros que reproducen prácticas de mercado y se han constituido como entidades con vocación en las finanzas populares, sociales y solidarias, que ofrecen servicios financieros “aparentemente accesibles” y que les pueden ayudar a financiar esa oportunidad que no tuvieron, cuando el comportamiento de estas entidades es con ánimo especulativo, de lucro y completamente alejadas de lo social y solidario.

Estas entidades financieras enfocadas al sector popular están atendiendo a los excluidos en figuras que se presumen como sociales, cuando en la práctica no se comportan como colectivos, tampoco mantienen prácticas de ayuda, equidad, justicia social y solidaridad como se dice en el discurso, por el contrario. Entonces, esta inclusión financiera manejada como parte de la solución para acceder a una vida digna, sin un manejo adecuado para el retorno del dinero, con tasas de interés elevadas, se convierte en una carga de mediano y de largo plazo, generando un endeudamiento a este sector popular de la población.

Sin duda, se tiene un área de oportunidad, para buscar alternativas de finanzas solidarias hacia población excluida del sector financiero, que vaya más allá de los instrumentos implementados y habilitados por el Gobierno, regulados para tal efecto, y que no por ello beneficien a este sector, por el contrario, los someten a dinámicas de mercado, que lejos de traer bienestar y crecimiento económico a sus vidas, los sume aún más en la marginación.

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[1] La financiarización es un proceso económico surgido a fines de la década de 1990 e impulsado por desregulación neoliberal y la crisis del sector productivo. Está basado en dos tendencias. Primero, en el predominio –en términos de ganancias– del sector financiero sobre la economía real (la manufactura y agricultura). Segundo, en la reducción del valor producido por instrumentos financieros, es decir, activos negociables dentro de esos mercados. Este proceso, hegemonizado por grandes bancos y empresas, se caracteriza por la racionalidad cortoplalista, la desproporción entre ganancias y salarios, la especulación, la inestabilidad económica y la incertidumbre.

[2] Premisa que quedó plasmada en el párrafo sexto del artículo 28 constitucional y en la ley reglamentaria respectiva, en cuanto a que, a partir del 1º de abril de 1994, el Banco de México -con autonomía propia- tuviera como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional a través de la implementación de la política monetaria del país. Resumen de informe Anual 1994, de Banco de México (Abril 1995); {B5935C9F-6E01-0EDB-1355-60F332607CCA}; chrome-

[3] Las decisiones de política monetaria tomadas por el Banco de México (Banxico), estuvieron y actualmente están enfocadas a garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio; asimismo, busca el crecimiento económico sostenido, con niveles de inflación estable y significativamente bajo y acumulación de reservas nacionales. Con la finalidad de ser competitivos y mantener un nivel adecuado para respaldar la balanza de pagos y preservar la estabilidad económica y financiera del país. Banco de México.

Buscando mantener niveles de capitalización por encima de estándares internacionales, sin importar la capacidad de consumo y de inversión de los usuarios. Su marco legal moderno, se sostiene bajo la medida de Basilea III, para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario de manera anticipada en 2013 y que consiste en buenas prácticas en materia prudencial, de riesgos, contable y de gobierno corporativo. Este documento contiene la sección sobre liquidez de las reformas del Comité de Basilea1 para reforzar la regulación internacional sobre capital y liquidez con el propósito de promover mayor resistencia en el sector bancario. El objetivo de estas reformas es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio desde el sector financiero hacia la economía real.  Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez; Diciembre de 2010, Bancos Internacionales;   chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf

[4] Institucionalización: “Convertir algo en institucional” y/o “Conferir el carácter de institución” (Diccionario de la lengua española, 2022).