• Introducción

El servicio profesional de carrera en México fue implementado hace apenas dos décadas, como mecanismo para mejorar la administración pública, sobre la necesidad de que los funcionarios públicos sean competentes para desempeñar el papel que se les confía. Es sabido que la puesta en marcha del SPC, fue con base a las tendencias internacionales del siglo XXI, orientadas a consolidar las reformas administrativas de la Nueva Gobernanza y donde se optó por generar cambios en el manejo de los sistemas de recursos humanos, a través del servicio civil, sobre todo en países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido, quienes apostaron por este cambio de sistema de profesionalización de los servidores públicos, obteniendo como resultado cuadros de servidores públicos más capaces y competentes.

Llevar a la práctica el SPC, en el caso de México, se ha tornado complejo en el transcurso de los años, cambios de administración, desconocimiento de la Nueva Gobernanza de las administraciones entrantes, la falta de una cultura gerencial que de importancia al desarrollo humano, así como lo complicado que se torna gobernar en un sistema federalista que tiende a ser centralista.

En efecto, en México tenemos una república federalista, en tanto que está constituido por estados libres y soberanos, que tienen como base su división territorial y su organización política y administrativa, que a su vez están divididos por municipios; donde la característica distintiva es la división de poderes y la delimitación de competencias y responsabilidades entre las esferas nacional, estatal y municipal (constituyéndose tres órdenes de Gobierno). Esto conlleva diferencias políticas, geográficas y poblacionales, en donde cada orden de gobierno tiene diferentes facultades, obligaciones y alcances jurisdiccionales de acuerdo con su territorio.

Como toda organización social, el municipio tiene como finalidad establecer y mantener, mediante el ejercicio de las funciones públicas municipales, una relación social dada por razones de vecindad e intereses comunes derivados de esta última, con sujeción a un régimen jurídico propio, relación que permanece en un proceso cotidiano de renovación y reelaboración de las tareas que le son propias, de acuerdo a las facultades que le concede el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual les otorga autonomía con un cuerpo legislativo municipal propio y que les atribuye principalmente la prestación de servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades de carácter general producidas por la convivencia vecinal, siendo el municipio el prestador nato de todo servicio público que surja en respuesta a las necesidades que provoca el fenómeno municipal, principalmente en temas como: alcantarillado, drenaje, agua potable, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro obra pública, entre otros.

En este orden de ideas, cada municipio debe diseñar la forma de gobernanza y el cómo habrá de administrar los recursos, siendo recurrente un piso común de problemas: insuficiencia en los recursos financieros; falta de planeación urbana; alto grado de endeudamiento y por lo tanto mínima capacidad para obtener créditos; insuficiencias en la prestación de servicios públicos; baja recaudación de ingresos propios; deficiente atención al ciudadano; problemas con el pago de pensiones y excesivo gasto corriente, entre otros.

Esta prolongada lista de problemas expone que los actuales diseños institucionales del municipio y las formas de ejercer los gobiernos tienen serias dificultades para responder a las necesidades básicas internas y a las demandas sociales, principalmente en la prestación de servicios públicos, atención al ciudadano y la obtención de recursos propios. (Aguilar, 2007:24).

Las causas de esas deficiencias para gobernar son variadas, una de ellas, es el corto tiempo de cada administración en turno, donde los gobiernos entrantes, independientemente del partido político de donde provengan, inician su mandato con un descontrol, pues se da el fenómeno de despido de los servidores públicos que sirvieron en la pasada administración, llevándose consigo un cúmulo de conocimientos y metodologías para la continuidad de las actividades propias del municipio, donde no hay rendición de cuentas, transparencia, acciones e indicadores de resultados, sistema de evaluación, entre otros.

Esta realidad ha abonado a crear un generalizado fenómeno de desconfianza ciudadana hacia los gobiernos por su escasa capacidad para mantener en orden sus finanzas y responder eficazmente a las crecientes necesidades comunitarias. A ello hay que añadir la creciente urbanización, que ha producido una cultura urbana con mayor capacidad de cuestionamiento a sus gobiernos (Castells, 1999:95).

El objetivo de este trabajo es mostrar las ventajas que representa un sistema de servicio profesional de carrera con enfoque de competencias laborales, en los municipios del Estado de Puebla, pues como ya se dijo en líneas anteriores, es en el ámbito municipal, donde se tiene mayor cercanía con los gobernados, destinando su atención y desempeño público, a la resolución de problemas con la mayor eficacia.

La premisa, es que los municipios requieren de una reformulación integral de las instituciones del Estado, a partir de estrategias diferenciadas y graduales que pueden ser encontradas a través de impulsar un sistema de servicio público profesional, con un enfoque de competencias laborales, apostando por el desarrollo humano, que beneficiaría a los municipios, tanto en el ámbito social, cultural, político y económico y también habría un beneficio social y laboral que directamente impactaría a los servidores públicos municipales a través de su profesionalización.

• Antecedentes

Al revisar los antecedentes de los trabajadores del gobierno, se encontró en Chávez Alcázar, aspectos interesantes sobre el Imperio Azteca, donde se conoce como se integraban las instituciones militares, administrativas y religiosas en la ciudad de Tenochtitlán. Así también plantea la configuración del régimen político, en el cual se observaba el respeto y cumplimiento de sus leyes. Así como, el cuidado a la gestión impecable, eficiente y honesta de todo el engranaje gubernamental y administrativo de nuestra ancestral civilización.  

En esos hallazgos históricos,  destaca que las altas clases sociales aztecas no constituían élites cerradas y señala los primeros indicios de participación ciudadana, esto por  afirmar que todo azteca sin distinción de clase, que demostrara su destreza para el combate, culto, comercio o vocación artística, pasaba a formar parte de la clase guerrera, sacerdotal, comerciante o de la clase de los artistas, solamente quienes no habían podido sobresalir en estas actividades, estaban condenados a permanecer macehualli, que eran la clase social que estaba por encima de los esclavos y jerárquicamente estaban por debajo de los pipiltin o nobles. En la época de la conquista se encuentra que, la organización de los gobiernos coloniales y en los antecedentes históricos afirma que, en 1519, cuando los españoles invadieron Tenochtitlán, se sorprendieron porque los aztecas o mexicas habían creado un gran imperio y oprimido a decenas de pueblos, a los que cobraban tributo.  Con relación a la selección de cualquier servidor público, desde el Tlatoani (orador) hasta el último de ellos, los aztecas tomaban muy en cuenta y era requisito indispensable, el tener las siguientes características personales: Espíritu de servicio, honestidad, capacidad física e intelectual para el puesto a desempeñar, no tener vicios, demostrar interés por el mejoramiento de la comunidad (Chávez, 1987).

Durante la época virreinal, hacia 1756, se funda la Secretaría de Cámara del Virreinato de la Nueva España, que dio la pauta para la formación de personas dedicadas únicamente a funciones administrativas y tomó como base el mérito para el ingreso al servicio público; no obstante, fue en 1852, posterior a la etapa de independencia, que comenzó su desmantelamiento a partir de la emisión de un Decreto en el que se declaró la amovilidad de los empleos (Guerrero, 2015).

En 1920, durante la época post revolucionaria, nuevamente el SPC retomó su auge y a partir de ese momento, distintas instituciones gubernamentales a nivel nacional y local han realizado acciones para su desarrollo (Guerrero, 2015).

Es a partir de la crisis política en México de los años ochenta con la aplicación del neo liberalismo que se debilitó profundamente al Estado, circunscribiendo el papel del órgano administrador, a guardián y defensor de las riquezas de los grandes consorcios y al alivio de la crisis fiscal del Estado, donde la discusión se centró en la orientación que tendría que cobrar la segunda generación de reformas de las estructuras estatales; y en donde la agenda resultante destacó la necesidad de mejoramiento del desempeño gubernamental a través de diferentes estrategias, una de ellas se centró en la profesionalización de los funcionarios públicos (Fleury, 1999).

Es a finales de la década de los 80 cuando la administración pública mexicana empezó a sufrir un cambio importante: se planteó de manera explícita la idea de su profesionalización; sin embargo, las reformas presionaron para hacer más eficiente la administración, particularmente en la provisión de servicios públicos, pero no necesariamente resultó de ello la puesta en marcha de un servicio civil de carrera. Los esfuerzos iniciados en el gobierno encontraron escollos y los propios organismos encargados de echar a andar esa reforma en particular no encontraron los modos de salvarlos.

Es en el año de 2003 cuando el tema de la profesionalización del servicio público rindió fruto en nuestro país, con la promulgación de la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de abril de 2003; entrando en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implantación gradual inició el 5 de abril de 2004, fecha en la que también se promulgó el Reglamento de esta. Siendo esta ley el principal referente en México para abrir la discusión informada sobre la pertinencia y viabilidad en los diferentes escenarios gubernamentales de índole estatal y municipal.

• Desarrollo.

En el momento actual hay una ausencia de servicio profesional de carrera tanto a nivel estatal, como municipal en Puebla, por lo que se justifica este ejercicio teórico. El municipio, como toda institución del Estado, se reconoce como el gobierno más cercano a la población y, por tanto, al que se le exige con mayor prontitud resultados tangibles, lo que convierte en una necesidad la profesionalización y desarrollo humano de los servidores públicos, para obtener los resultados que se esperan de los Ayuntamientos.

Se propone este estudio, con el objeto de describir con mayor claridad y objetividad el escenario que prevalece en los cambios de recursos humanos en las administraciones entrantes de los gobiernos locales, a partir de supuestos basados en la lealtad y en la cercanía con los presidentes municipales.  De modo que  el criterio de racionalidad que está detrás de esa dinámica de contratación de servidores públicos, descansa en realidad  en el liderazgo político de los alcaldes, quienes nombran libremente al mayor número de funcionarios municipales que actuarán durante su gobierno, bajo la línea de los proyectos anunciados en campaña, que poco a nada tienen que ver con la continuidad de los proyectos puestos en marcha por la administración saliente, en el caso de que valiera la pena continuarlos evaluando el beneficio que estén aportando a la Ciudadanía.

Esta capacidad para formular políticas de los gobiernos municipales entrantes es común durante las campañas electorales, sin embargo, estas propuestas se concretan en menor medida. Entre los factores que explican su atraso está la falta de servicios profesionales de carrera en los municipios, los cuales podrían asegurar la continuidad de los funcionarios con mayor mérito.

Según el informe de Desarrollo Humano Municipal, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la actualidad, la improvisación y la falta de continuidad son las características más comunes en el diseño de políticas municipales, lo cual se explica por la alta rotación de personal y de profesionalismo. La capacidad de presupuestación, gestión e implementación también se relaciona con la falta de funcionarios de carrera profesionales, así como con la falta de regulaciones que exijan la documentación de procesos. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado la falta de institucionalización de procesos en prácticamente todas las áreas de actuación de las administraciones públicas municipales.

El municipio, como toda institución del Estado, necesita de la implantación formal de un servicio profesional de carrera. Si bien es cierto que algunos de los servidores públicos son mantenidos en sus puestos después de concluida una administración, la mayor parte de los ayuntamientos tienen que comenzar con un proceso de aprendizaje del cual sabemos poco, cuánto cuesta por todo lo que implica, pero que, podemos imaginar, es mucho. En esas condiciones ¿qué grado de efectividad tienen las políticas públicas municipales? (Sánchez,2008:100).

El ritmo de rotación de servidores públicos municipales, que se observa cada vez que hay un cambio de administración, es vertiginoso. La Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, no ha ayudado en gran medida a resolver esta situación al parecer, en el caso federal, pero, por otra parte, ¿el mantener a los servidores públicos garantizaría mayor eficacia?

¿Cómo establecer, entonces, sistemas de profesionalización humana municipal, sin romper con el liderazgo político de los presidentes municipales, ni la relación de confianza que debe mantener con sus colaboradores, que responda a la visión política del ayuntamiento y a una buena gestión gerencial en la administración de sus recursos y rendición de cuentas?

Un sistema objetivo con reglas claras y transparentes; provisión de servidores públicos idóneos para el puesto y la función que desempeñan; eliminación de sistemas clientelistas, nepotismo, compadrazgo y patronazgo; continuidad de las políticas de gobierno y una nueva cultura laboral con filosofía de servicio (De Luna, 2008: p. 13).

Desde esta perspectiva la profesionalización del servicio de carrera no constituye un fin en sí mismo; se presenta como un promisorio conjunto de medios para superar vicios y omisiones de la función pública. Pero, a pesar de las promesas de mejoramiento que formulan los servicios públicos profesionales, las resistencias a comprometerse con esta alternativa son muchas; ya sea porque representan una amenaza para intereses particularistas, o bien porque la experiencia internacional da cuenta de intrincadas rutas que han seguido para subsistir a través del tiempo.

Ante estas disyuntivas, es necesario establecer un criterio que conjugue la permanencia con la flexibilidad, que no implique poner candados a la puerta para dejar adentro a los que ya están, sino promover el concurso de los cargos públicos, equilibrando las facultades que tienen los presidentes municipales y los ayuntamientos de nombrar a servidores públicos de su confianza con los perfiles requeridos para los cargos.

Las carencias y necesidades de los municipios son reales y no se deben negar, he ahí la necesidad de profesionalizar a los servidores públicos de las administraciones municipales. Es pertinente señalar que en México no se encuentran institucionalizados en el SPC, la mayor parte de los municipios, lo cual representa un atraso de más de 154 años, comparado a otros países en materia de desarrollo humano (PNUD), por lo que acotaremos la búsqueda de modelos institucionales o casos de éxito, como propuesta para la institucionalización en el SPC, de los municipios en el estado de Puebla.

Talleyrand dijo: “Una Administración que no tiene un sistema de carrera no puede hablar propiamente de funcionarios.  Los hombres que la ocupan son asalariados, que no ven delante de ellos ninguna perspectiva, ninguna garantía, y por encima de ellos ningún motivo, ningún elemento de subordinación.”

Podemos deducir entonces que, a mayor competencia laboral derivada del servicio profesional de carrera, una vez nombrado el funcionario al ingresar en la Administración pública municipal, mayor compromiso y vínculo con la organización en la que va a desarrollar sus expectativas profesionales, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad; con lo que se evitará la descapitalización de los efectivos y se fomentará que dichos funcionarios puedan rendir al máximo, desarrollando todas sus aptitudes y potencialidades de manera que se pueda prestar al ciudadano un servicio eficiente y eficaz.

La Ley de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, ha sido un claro ejemplo de que a pesar de su implementación en el año de 2003, ha ayudado en poca medida a evitar una serie de elementos problemáticos consistentes fundamentalmente en: la falta de confianza ciudadana hacia los servidores públicos; falta de continuidad de las políticas públicas; trastornos en los cambios de administración; pérdida de servidores públicos experimentados; discrecionalidad en la designación de los servidores públicos; demanda de la ciudadanía de contar con servidores públicos capaces, eficientes y profesionales, que puedan entregar servicios de calidad a la sociedad; compadrazgo, corrupción, discrecionalidad y arribismo como factores que determinaban el ingreso y la permanencia de los servidores públicos (Auditoría superior de la federación, 2014).

Estos problemas justifican este ejercicio teórico de investigación acerca del porque ha persistido a través del tiempo esta problemática, a pesar de la implementación gubernamental del servicio profesional de carrera a nivel federal.  Consideramos que en realidad es multifactorial el origen de estos problemas, siendo necesaria una revisión en torno a esta problemática, a nivel interdisciplinario, desde el análisis histórico, sociológico, psicológico, entre otros; que nos permita encontrar los elementos necesarios para identificar errores en la profesionalización de los servidores públicos y explicar y describir el fenómeno, y que a partir de este análisis, se pueda proponer una metodología diferente; que en este caso, pretendemos que el diferenciador sea su implementación desde un enfoque de competencias laborales, que son aquellos conocimientos y habilidades que adquiere una persona para responder ante una tarea o actividad en el ámbito del trabajo, que realmente capacite a los servidores públicos para cumplir con sus tareas y por supuesto trabajen eficientemente y con la suficiente motivación, en pro de los objetivos del Estado y su atención hacia la Ciudadanía.

Otro elemento que justifica la presente investigación es que a nivel estatal y municipal en el Estado de Puebla, no se cuenta con un Servicio Profesional de Carrera, a excepción de la carrera policial y la fiscalía y siendo el municipio el prestador nato de todo servicio público que surja en respuesta a las necesidades de los avecindados de la localidad, lo que provoca la acción municipal hacia los problemas derivados de la administración de sus recursos, tales como: insuficiencia en los recursos financieros; falta de planeación urbana; alto grado de endeudamiento y por lo tanto mínima capacidad para obtener créditos; insuficiencias en la prestación de servicios públicos; baja recaudación de ingresos propios; deficiente atención al ciudadano; problemas con el pago de pensiones y excesivo gasto corriente, entre otros.

Esta prolongada lista de problemas expone que los actuales diseños institucionales del municipio y las formas de ejercer los gobiernos tienen serias dificultades para responder a las necesidades básicas internas y a las demandas sociales, principalmente en la prestación de servicios públicos, pues se da el fenómeno de despido de los servidores públicos que sirvieron en la pasada administración, llevándose consigo un cúmulo de conocimientos y metodologías para la continuidad de las actividades propias del municipio y la contratación de personal, tiene que ver directamente con el grado de confianza con el presidente municipal en turno y no necesariamente de acuerdo a sus competencias  o habilidades profesionales.

Contextualización del problema.

Pardo (1995) señala que en un país como México, la idoneidad de un servicio público profesional, es compleja, dada su falta de tradición al respecto, y considerando, también, la tendencia presente en la confección de alternativas administrativas, en la cual persisten cuatro componentes. En todos ellos subyace el prolegómeno de la retirada del Estado y el achicamiento del gobierno.

El primero, tiene que ver con la incorporación de la eficiencia como motor principal y se deriva del enfoque dominante del managerismo. La principal crítica es el olvido en que puede incurrir respecto de los objetivos y fines públicos (en términos teleológicos).

El segundo, se refiere a la politización de la función pública, en donde predomina la voluntad del ejecutivo para imponer sus programas, para lo cual usa el recurso personal de nombramientos políticos, la crítica se centra en la falta de una discusión de la pertinencia de las políticas.

El tercer componente considera al sector privado como modelo ideal de buena administración. Sus detractores puntualizan las ondas diferencias que existen entre las esferas del sector privado (fines de lucro) y el público (fines sociales/públicos), diferencias que impactan sus respectivos procesos de toma de decisiones y de dirección. Por último, el cuarto componente, relativo a la presión internacional, estimula prácticas de isomorfismo (Powell y Dimaggio, 1999) con otros países, a fin de encajar en los diferentes bloques económicos.

Dichos componentes significan luces de advertencia a la hora de diseñar un eventual servicio profesional de carrera, si la idea es contribuir a la construcción de un Estado que cumpla su finalidad de mayor bienestar social y para no perderse en criterios que constituyen sólo medios de alguna racionalidad extraviada.

En otro orden de ideas, hay autores en contra de la implementación de un servicio profesional de carrera (Guerrero, 2000), los cuales pueden presentarse de las siguientes maneras:

a)  Ineficiencia de la burocracia. Al sentirse seguros en el puesto, los funcionarios no se ven comprometidos a mejorar su rendimiento, lo que genera costos directos e indirectos en el aparato gubernamental.

b)  Irresponsabilidad. Ante una eventual debilidad de los sistemas de control externo, la burocracia diluye su responsabilidad entre el colectivo de funcionarios inamovibles.

c)   Falta de rendición de cuentas. Ya que los funcionarios públicos se deben a la instancia encargada del servicio civil de carrera, no rinden cuentas a la población objetivo de los programas gubernamentales.

El riesgo de incurrir en estos costos no deseados aumenta o disminuye en función del diseño institucional que cobija a cada sistema de servicio civil de carrera. Bajo esta idea, es pertinente revisar cuidadosamente la experiencia internacional y el contexto nacional. Ningún caso responde a pretensiones de estandarización y si requiere de una visión dialéctica que minimice costos y aproveche las bondades probadas en otros lugares, de esta manera resulta viable y factible impulsar un sistema de este tipo, como alternativa a la falta de capacidades en la administración pública.

Ahora bien, la falta de capacidades en el orden municipal es de naturaleza compleja, ya sea por la insuficiencia jurídica y administrativa, o bien por su determinación histórica, el caso es que dejado a sí mismo, el municipio, como abstracción del Estado, no alcanza a configurar alternativas institucionales de hondo calado.

De acuerdo a lo que se ha dicho sobre el tema en cuestión, a diferencia de lo que se ha dicho, visto desde lo que consideramos una dimensión instrumentalista, de acciones sugeridas para una buena gerencia y considerando que no se puede aplicar la misma receta, como si fuese un plato de cocina, consecuentemente, es pertinente asumir que un servicio público profesional para los municipios en la Estado de Puebla, constituiría un sistema comprendido por un conjunto de instituciones públicas, el cual, mediante reglas y procedimientos claros, regularía el ingreso, permanencia, promoción y retirada de los funcionarios al servicio de los gobiernos municipales, basándose en el mérito, capacidad profesional y sujeto a un sistema de evaluación permanente.

Dicho de otra manera, la instauración de un sistema de servicio público de carrera en el ámbito municipal no puede dejarse al libre albedrío de cada municipio; respetando la autonomía y libertad municipal, la estrategia reclama reformas de diversa índole que incluyan y constituyan las instituciones públicas involucradas. Es hablar de reingeniería del Estado.

Marco teórico

La Administración Pública como un sistema de empleo público con procesos, características y propósitos específicos, en palabras de Juan Pablo Guerrero Amparán (2000), el servicio civil se define como: “un conjunto de reglas y procedimientos administrativos que regulan el precio del trabajo y su división asignación en una unidad administrativa punto este conjunto de reglas controla y dirige a los recursos humanos de la unidad y crea un mercado laboral cerrado que se conecta con el mercado laboral nacional punto las reglas de la entrada y la salida coma de la permanencia y la movilidad dentro del sistema la carrera coma de la designación de las actividades y funciones de sus integrantes coma y de los premios y castigos a los mismos incentivos, constituyen las características del servicio civil”.

Omar Guerrero Orozco (2011) entiende por servicio civil de carrera: “un curso de profesionalización que está regido por requisitos de ingreso, estabilidad y promoción verificado por medio de exámenes de idoneidad para el ingreso, los ascensos y la permanencia. Implica un proceso de formación continua, porque la estabilidad otorga seguridad de empleo, pero exige un desempeño con igualdad gradual y periódicamente evaluado”.

Para Gustavo Quiroga Leos (2013), el servicio civil “es un sistema de administración del personal público distinto al privado, considere la competencia técnica y la neutralidad política como medios para mejorar el funcionamiento de la administración pública”.

La definición de Eugene Mc Gregor y Paul Solano (1996) engloba a las características del servicio civil de carrera en tres aspectos: primero, el servicio civil de carrera representa por definición un sistema de gestión del personal público; segundo, los servicios civiles institucionalizados engloban una serie de reglas que dirigen la acción conjunta de sistemas administrativos complejos; y tercera, la idea del servicio civil como un símbolo que incorpora el conjunto de valores que deben regir el servicio público.

Desde esta perspectiva tridimensional, el servicio civil de carrera como un sistema de gestión del personal público, consta de una serie de procesos que buscan administrar, organizar y orientar el capital humano de las instituciones públicas, así como de sus funciones, con miras a profesionalizar, eficientar e incrementar el rendimiento de sus labores, para impulsar un mejor ejercicio y desempeño de las actividades gubernamentales, que la burocracia realiza y representa.

Para Carmen Pardo (2001) cumplir con los propósitos y la gestión de recursos humanos deberá ser amparada en la legalidad, la neutralidad y la transparencia, para poder captar, formar y suministrar a los órganos del estado de cuerpos profesionales, especializados y capacitados para el cabal cumplimiento de sus funciones.

El servicio civil de carrera como un conjunto de reglas institucionalizadas, implica el reconocimiento formal de ciertas disposiciones, que habrán de motivar y dirigir las medidas que buscan transformar la forma de interactuar dentro de las organizaciones públicas, de la prestación de los servicios de su personal, como fundamento de un servicio público profesional, respaldado en métodos y un régimen de derechos y obligaciones específicos.

Dada la complejidad del servicio civil de carrera como un sistema de empleo público, éste debe sostenerse en un diseño jurídico adecuado a las características, particularidades y prioridades de cada institución, del cual proviene su respectivo esquema y forma de organización estructural y administrativa.

El servicio civil de carrera como un símbolo, implica ser responsable también del fomento de principios y/o valores que contribuyan a la reforma y modernización del servicio público, incentivando conductas que asuman el compromiso político, democrático y ciudadano encomendado. Lo que, a su vez, Permitirá combatir comportamientos y prácticas ligadas a la ineficiencia y la corrupción, que no contribuyen al ejercicio profesional y ético de las potestades públicas (Pardo, 2001).

En la Auditoría Superior de la Federación (2001), estamos igualmente ciertos, que el Servicio Civil de Carrera constituye un instrumento fundamental que necesita consolidarse para fortalecer la aptitud y competencia profesional de la función pública, como un medio de alto valor incuestionable que propicia un mejoramiento sustancial en la calidad del ejercicio de los recursos públicos.

Conclusiones

Un sistema de servicio profesional de carrera con enfoque de competencias laborales, traería muchas ventajas al implementarse en los municipios del Estado de Puebla, para ello, sería necesario delinear las asignaturas y acciones de atención, para una eventual constitución del servicio profesional de carrera en el ámbito local, sistema que incluiría una revisión crítica del entorno organizacional y jurídico estatal, para impulsar las reformas necesarias, orientado hacia la búsqueda de su implementación, desarrollo gradual y efectivo; abordando todas las dimensiones necesarias para su puesta en marcha; no sólo en su dimensión sólo instrumental (gerencialista), sino alineándolo a las diferentes instituciones y capacidades del Estado para incrementar posibilidades reales de su ejecución.

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